El CAF tinerfeño trabaja en el mayor estudio sobre ocupación ilegal de viviendas en la isla y en una guía para asesorar a los colegiados y a los propietarios

El CAF tinerfeño trabaja en el mayor estudio sobre ocupación ilegal de viviendas en la isla y en una guía para asesorar a los colegiados y a los propietarios

Los participantes en la mesa de  trabajo sobre ocupación celebrada este martes, 24 de noviembre, confían en que las medidas legales adoptadas recientemente por Interior y la Fiscalía General obtengan resultados.

“El 80 % de la ocupación en el sur de Tenerife no es de personas vulnerables, sino antisociales que se enganchan a la luz de la comunidad, molestan y se dedican al narcotráfico o la prostitución”.

Santa Cruz de Tenerife,  25 de noviembre de 2020.-El Colegio de Administradores de Fincas de Santa Cruz de Tenerife creó recientemente una comisión de trabajo específica sobre la ocupación ilegal de viviendas en las islas y en Tenerife, en particular. Esta comisión ya está recabando la información para elaborar la mayor estadística realizada hasta ahora sobre cómo está afectando este problema a la isla, por zonas.  Además, su objetivo es también editar una guía con medidas para que los colegiados y los propietarios sepan cómo actuar y las herramientas de que disponen para defender su propiedad.

Así lo anunció el administrador de fincas y vocal de la Junta de Gobierno del CAF tinerfeño José Antonio Acevedo en su intervención en el encuentro celebrado ayer sobre ocupación ilegal de viviendas y protección del derecho a la propiedad privada. Una mesa de debate que fue una oportunidad extraordinaria de conocer distintos puntos de vista, con la participación del abogado Javier Cenzual, el presidente de la Asociación de Vecinos de Barrio Nuevo, Juan Luis Marín, y dos representantes de la Delegación de Participación Ciudadana de Policía Nacional:  el inspector de policía de la Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Ángel González Gómez, y la policía Elena Rodríguez Martín, de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la misma Comisaría. Junto a Acevedo, explicó la experiencia de comunidades con viviendas ocupadas la también vocal del CAF tinerfeño Ana Isabel Rancel.

Acevedo fue claro al hablar de la ocupación como un delito, y advirtió de que no se puede justificar en ninguna de sus formas. Y si bien admitió que es un tema complejo, cuestionó la diversa actuación de los jueces y el hecho de que, a veces, son los denunciantes los que son denunciados por los okupas.

Los dos administradores de fincas refirieron los casos que sufren sus clientes, los propietarios y comunidades afectadas, y que calificaron de problema importante “cuando son personas antisociales, que se enganchan a la luz de la comunidad, rompen cuadros de luz, se meten en la terraza del vecino, que montan fiestas, follones o peleas, que molestan con música, que trafican con droga o que se dedican a la prostitución”. “Porque este es el perfil del 80 por ciento de lo que yo veo en el sur de la isla, no personas vulnerables”, precisó Acevedo.

No obstante, al término del encuentro se mostró confiado en que vayan dando resultado las recientes instrucciones del Ministerio de Interior y la Fiscalía General del Estado para mejorar la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas, coincidiendo con el resto de ponentes del encuentro.

Por su parte, la colegiada Ana Isabel Rancel compartió la visión del anterior,  y añadió el peligro que supone la ocupación de viviendas para las inversiones en las islas, por la falta de seguridad. “Aunque también hay inversores espabilados que se aprovechan de la situación para tratar de rebajar los precios”.

Confiar en las fuerzas de seguridad. La herramienta AlertCOP

Los representantes de la Policía Nacional animaron a  la ciudadanía a informarse en la Delegación de Participación Ciudadana y en las comisarias para saber qué hacer y cómo denunciar, y explicaron el procedimiento cuando se requiere su intervención: comprobación del título de la vivienda y otras pruebas documentales, testimonio de vecinos, violencia o rotura de cerraduras, etc. Es decir, todo lo que sirva para denunciar la propia ocupación ilegal de la vivienda y otros delitos que  puedan añadirse, como daños, amenazas o la ocupación violenta. Además, destacaron la facilidad de denunciar estas situaciones, incluso con fotos, a través de la aplicación “AlertCop”.

Los dos policías advirtieron del riesgo de contratar a las llamadas empresas “desokupas”, ya que, “dependiendo de lo que hagan, quien les pagan podría incurrir también en un delito de coacciones o amenazas”. Y lanzaron un mensaje a la ciudadanía para que confíe en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en la justicia.

 

En igual sentido, el abogado Javier Cenzual defendió que existen herramientas para luchar contra la ocupación, citando las instrucciones que se emitieron en septiembre pasado por parte del Ministerio de Interior y de la Fiscalía General. “El dibujo que hacen los administradores de fincas de la situación es real, pero quiero ser constructivo y pensar que, con todas las medidas legales que se están tomando, la situación tiene solución”, aseveró. Y no obvió que la falta de vivienda pública en las islas es un factor que contribuye a la ocupación ilegal, “aunque no lo justifica en absoluto”.

Según apuntó Juan Luis Marín, a esta falta de vivienda pública se refirió el Diputado del Común en su reciente visita al barrio lagunero, “y que iba a recomendar copiar el modelo de vivienda pública del País Vasco, en el que a las familias sin recursos se les presta una vivienda, que deben abandonar cuando su situación de vulnerabilidad acaba”, explicó.

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El presidente de la entidad vecinal se mostró al término del debate muy agradecido por la celebración del encuentro y por la información aportada,  que dijo que trasladaría a los vecinos en una próxima reunión, y resaltó la importancia de los medios de comunicación y de seguir “presionando para que los afectados no se sientan desamparados”.

Según los datos que maneja la Comisión de ocupación del CAF tinerfeño, en 2019 se contabilizan 271 acasos denunciados, y en el primer semestre de 2020 son ya 311 las denuncias en Canarias.



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