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Resumen del debate en el II Foro del Alquiler Vacacional en Canarias promovido por ASCAV


Martes 27 - Octubre - 2015

En el debate final en el II Foro del Alquiler Vacacional en Canarias, promovido por la ASCAV (700 socios) y celebrado ayer en la sede central de Caja Siete en la capital tinerfeña, se habló de inseguridad jurídica y agravios comparativos, como ocurre en el caso de viviendas en suelo rústico, y también porque cada Cabildo está interpretando el Decreto a su manera, de forma que la documentación que exigen no es homogénea, y la autorización en una isla y otra no es igual.

Sobre la cuestión de la calidad, que se plantea ante esta modalidad de alojamiento turístico, la OCU  no encuentra diferencias entre las quejas y reclamaciones que recibe de todo el conjunto de la oferta, ni aporta más quejas que el apartamento reglado, y que no ven una amenaza a la calidad porque haya surgido esta otra modalidad. Se reseñó que la gente toma otro tipo de precauciones al hacer esta contratación.

Una cuestión muy importante que quedó más o menos aclarada en este foro es la posibilidad de sanción en estos momentos a los propietarios de viviendas vacacionales que no cumplen con los requisitos del Decreto, puesto que si bien el portavoz del grupo de CC en el Parlamento, José Miguel Ruano, dijo que se había pedido desde la Cámara la paralización de esta cuestión, no se tiene conocimiento de que haya sido así. Luego sigue vigente el Decreto y sigue vigente la posibilidad de sancionar.

De hecho, la directora general de Ordenación y Promoción Turística, Candelaria Umpiérrez, intervino para decir que no es fácil la paralización del Decreto por acuerdo de un consejo de gobierno, en respuesta a lo que había cuestionado Cristina Tavío (grupo popular), en cuanto a que se podía haber hecho ya, mientras que la representante de Turismo explicó que la retirada de un Decreto exige otro Decreto. No obstante, Umpiérrez aseguró que no existe acoso ni se está persiguiendo a nadie, que las reclamaciones o quejas tienen que atenderse por ley, y que, dado el retraso existente, se están tramitando aún las anteriores al Decreto.

Sobre la futura regulación, la directora general incidió en la idea de consenso, en que es un asunto complejo, y que requiere poner de acuerdo a las partes. Aseguró que están en contacto con esas partes (sin mencionar en ningún momento a los administradores de fincas), que las va a sentar a una mesa y que se ha encargado un estudio sobre la actividad. También dijo en otro momento que quiere conocer cómo se ha resuelto en otros lugares del país las denuncias de la CNMV y otros recursos, aunque la actividad turística en Canarias tiene sus propios matices.También al consenso se refirió el portavoz socialista y socio de gobierno, Iñaki Lavandera.

Doris Borrego pidió a los grupos políticos que ese consenso tenga en cuenta también a la ASCAV porque dijo que se sienten excluidos. Y señaló el interés que tenían de haber escuchado lo que tenía que decir la patronal, ya que al final no asistió al Foro el representante de Ashotel.

Para el arquitecto Hugo Luengo la declaración responsable es suficiente para la autorización de la vivienda vacacional, puesto que la ley no exige ningún otra documentación expresamente. Sin embargo, se expuso por varios asistentes que hay ayuntamientos que piden el tipo de suelo sobre el que se asienta la vivienda e incluso el certificado de eficiencia energética, que si bien es obligatorio, no debería ser exigido para pedir la autorización de la actividad. Dijo Luengo en otro momento que “la documentación presentada en cada Cabildo tiene la misma validez que una licencia de apertura, pero la legalización la ponen muy difícil cuando enredan con lo del informe urbanístico” A su juicio, las viviendas en zonas turísticas excluidas del Decreto están ahora en un limbo jurídico, y lo lógico sería que no se las sancionara. En todo caso, aseguró que los Cabildos están colapsados, por lo que no se cumple el plazo de 15 días señalado, y existe retraso de meses por saturación de expedientes.

El participante de Baleares dijo que la LAU no está pensada para actividades turísticas, y descartó que sea de aplicación para las viviendas vacacionales. Sobre el pago de impuestos de estas viviendas, se aseguró que aunque la ley diga que son ilegales, Hacienda lo tiene más claro y dice que son servicios propios de la hostelería, por lo que hay que seguir pagando por la actividad, aunque se considere ilegal.

Doris Borrego, contestando a una pregunta de una representante de la Plataforma Pro Vivienda Vacacional, dijo confiar en que antes de Navidad se modifique el Decreto, sobre el que insistió en que no se debía paralizar para tener otro. La directora general de Ordenación y Promoción Turística comprometió su empeño, pero no a que fuera antes de esa fecha, la cual parece que interesa mucho a los afectados.

José Miguel Ruano, de Coalición Canaria, dijo, por alusiones, que les sorprendió la limitación por tipología de suelo, que consideran que no es un buen sistema y que no hablaron de paralizar el Decreto, sino de paralizar la penalización. Aunque realmente el Parlamento pidió ambas cosas.

Dijo que el artículo 3 no parece un artículo “afortunado” y que su grupo desea la reforma del Decreto para dar respuesta a la demanda social, y sometiendo la actividad a cuestiones de fiscalidad y calidad, “porque creemos que hay cuestiones que sí que tienen que estar reguladas”. No comparte, vino a decir, el liberalismo que propugna la CNMC.

El presidente del CIT de Gran Canaria expuso la cuestión de definir muy bien el producto vacacional cuando se ejerce en zona turística. Se refirió a los apartamentos en zona turística no acogidos a la unidad de explotación y que quieren utilizar los canales de comercialización del alquiler vacacional, aun siendo un producto diferenciado. Por ejemplo, dijo que es difícil, pero que se podría definir un número mínimo de metros cuadrados, puesto que no es lo mismo “apartamento turístico” que “vivienda” vacacional. Y que esto facilitaría el consenso.

Sobre esta cuestión, Doris aclaró que siempre han defendido desde ASCAV que el alquiler vacacional es una modalidad subsidiaria de otras modalidades ya existentes y que una vivienda sólo debe caer en esta modalidad cuando no encaja en ninguna de las ya existentes. ”Claro que tiene que haber diferencia a la hora de la comercialización, porque el apartamento se diferencia de la vivienda, como hay que distinguir la casa rural o las villas”. En este sentido, estuvo de acuerdo en la importancia del nombre diferenciador.

La presidenta aclaró que desde la ASCAV no se defiende la residencialización, igual que otro tema distinto y que genera conflicto como es el de la unidad de explotación. También el participante de Baleares dijo que era muy importante categorizar adecuadamente cada tipo de vivienda porque además luego se deriva la aplicación de impuestos.

Sobre la convivencia turística/residente, se aseguró que en general hay pocos problemas y muchos beneficios y que la percepción negativa en Barcelona se debe más a la difusión que han hecho los medios de comunicación que a un rechazo al alquiler vacacional., que no existe en Cataluña, ni en Baleares o en Canarias. Al contrario, se dijo que socialmente es aceptado porque se entiende el derecho de las familias a generar una economía y por el hecho de que genera empleo. Sí se admitió que la responsabilidad de las páginas web y plataformas que alquilan debería ser mayor. (Booking, por ejemplo, exige la identificación en la publicidad de la autorización de la vivienda vacacional). También se reconoció que si hubiese una normativa homogénea en España probablemente las plataformas cumplirían más.

Por otra parte, el alquiler turístico es una industria antigua en las costas y que no ha dado ningún problema, por lo que “este es un modelo que está para quedarse”.

Sobre la cuestión de la comercialización en las plataformas, Doris Borrego aseguró que ella misma creó una y la tuvo que cerrar, y dijo que “si estuviésemos en la legalidad, habríamos tenido la oportunidad de haber tenido una parte del pastel. Estamos engordando masivamente a estas plataformas con las limitaciones que tenemos aquí y lo vamos a pagar. Vamos a tener monstruos que van a tener el monopolio de los que todos dependemos”. En su opinión, con el Decreto actual se está asfixiando no sólo a los propietarios, sino también a las empresas mediadoras y dijo que se les ha obligado a operar desde la clandestinidad. “Se ha excluido a las comercializadoras locales”.

Se dijo también que sólo la isla de La Gomera publicita todas las modalidades turísticas, mientras que no se encuentran registros de vivienda vacacional o de vivienda rural en otras islas. Y aprovechó Doris para decir que en lugar de sancionar lo que debían hacer las administraciones es incentivar, ayudar y promocionar todo lo que sea economía y puestos de trabajo.

Sobre las contradicciones de que un ayuntamiento niegue autorizaciones que la ley permite, Hugo Luengo valoró que “el urbanismo en Canarias es un campo de minas”, y que cualquier actuación requiere pasar por las tres administraciones. Que así es imposible planificar nada y que con siete cabildos, se dan siete legalidades distintas. Agregó que no entiende que los cabildos pidan documentación que no exige la ley, o que el impreso del Cabildo de Tenerife no cumple lo que dice el Decreto. “Se han reinventado 18 obstáculos para no poder legalizar el acto comunicado”.

En este foro, presidido por Doris Borrego, al frente de la ASCAV, participaron el profesor de Derecho Mercantil y Contratación Turística de la Universidad de las Islas Baleares, Juan Franch; el presidente del Instituto de Turismo Sostenible, Tomás de Azcárate; el presidente de Fevitur, Pablo Zubicaray; el director del Departamento Promoción de la Competencia de la CNMC, Antonio Maudes, y el arquitecto Hugo Luengo.

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