15 / 04 / 2020 El Consejo General propone varias medidas de choque para las comunidades de propietarios

EL Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España ha propuesto al Gobierno y los distintos grupos parlamentarios varias medidas para mejorar las condiciones de la desescalada para los ciudadanos:

• Se solicita que se establezca el IVA del 10% para las obras y servicios comunitarios.
• Se solicita una ampliación del plazo para realizar las inspecciones técnicas de las comunidades de propietarios.
• Es necesario que un Protocolo de Actuación que garantice las condiciones de acceso a las piscinas comunitarias con total garantía sanitaria.
• Se pide que se amplíen los plazos para celebrar las reuniones y se prorrogue la vigencia de los cargos de las comunidades de propietarios.

Madrid, 15 de abril 2020.- Los administradores de fincas colegiados consideran que, en la situación actual, con toda seguridad repuntará la morosidad en las comunidades de propietarios, dado que un gran número de ciudadanos sufrirán un Expediente de Regulación Temporal de Empleo –ERTE-, y, en el peor de los casos, el despido de sus puestos de trabajo. Esta crisis social y económica provocada por el COVID-19 reducirá los ingresos que, por cuotas comunitarias, pagan los propietarios en sus comunidades, por lo que los administradores de fincas colegiados han realizado una serie de propuestas al Gobierno y a los distintos grupos parlamentarios para contribuir a mejorar las condiciones de la desescalada para los ciudadanos cuando finalice el Estado de Alarma.

Piscinas comunitarias

Los administradores de fincas colegiados consideran muy necesario preservar todos los aspectos sanitarios en los edificios, para lo que es necesario desarrollar protocolos de actuación para seguir conservando las condiciones higiénicas necesarias y evitar cualquier tipo de contagio que pueda hacer repuntar la pandemia. De manera más concreta, hay que tener presente que existen miles de piscinas a lo largo de todo el país y es necesario adelantarse y regular como hay que gestionar este servicio el próximo verano de manera que en todo el país, a pesar de la delegaciones de competencias, se sigan las mismas normas y criterios sobre apertura, condiciones y durante cuánto tiempo.

Otras propuestas presentadas por el CGCAFE es que los plazos que afectan a las obligaciones de las comunidades de propietarios deberían de ampliarse un año, hasta el 13 de marzo de 2021, y que este plazo debería afectar a las obligaciones derivadas de las inspecciones técnicas que realizan las comunidades de propietarios, para garantizar que tanto las empresas como los técnicos puedan realizar su trabajo con margen suficiente, y esto conllevaría que también los plazos para la tramitación de subvenciones deberían ser ampliados.

Sobre las juntas generales anuales, se propone la ampliación del plazo, y se deben de mantener las personas que desempeñan los cargos en las comunidades de propietarios para garantizar su funcionamiento durante esta ampliación. Igualmente, se propone que se regule la posibilidad de celebrar, telemáticamente, las juntas de propietarios aprovechando las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías.

IVA reducido

Los administradores de fincas colegiados han solicitado también que se haga extensiva la aplicación del IVA reducido de un 10% a todas las obras, suministros y servicios cuyos destinatarios sean las comunidades de propietarios. De manera especial se hace necesaria esta medida para las obras de rehabilitación que sirvan para conservar y mejorar condiciones de habitabilidad de los edificios, su accesibilidad o la mejora de su eficiencia energética.

Para Salvador Díez, presidente del CGCAFE, además de las medidas propuestas, “sería de gran ayuda que las subvenciones del dividendo digital y las destinadas a obras de rehabilitación o supresión de barreras arquitectónicas, entre otras, no tributasen en el IRPF aliviando la carga fiscal de gran número de ciudadanos. Asimismo, tal como ya se hizo en el año 2010, sugerimos que se establezcan deducciones en el IRPF por las contribuciones a la ejecución de estas obras. Estas medidas, además de mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía, pueden contribuir a conservar e incluso mejorar el nivel de actividad del sector en el conjunto del país, lo que mitigaría el coste que inicialmente se pudiera prever”.