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Ayuntamiento, Emmasa y CAF forman una comisión para estudiar la tarifa de los contadores del agua contraincendios


Miércoles 09 - Abril - 2014

Representantes del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de la provincia (CAF Tenerife), del Ayuntamiento de Santa Cruz y Emmasa han establecido una comisión técnica para estudiar la tarifa que se aplica a los contadores de agua de las instalaciones contraincendios, así como otras cuestiones que afectan a los inmuebles de la capital gestionados por los administradores de fincas colegiados en relación con la empresa del agua o con el área de Infraestructuras y Servicios Públicos.

Esta comisión quedó constituida en el transcurso de una reunión celebrada el pasado 4 de abril en la Gerencia de Urbanismo, a solicitud de CAF Tenerife, y presidida por el concejal de Proyectos Urbanos, Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Dámaso Arteaga. En el encuentro participaron también el director gerente de Emmasa, Jesús Blanco, así como técnicos de la empresa mixta del agua y del Ayuntamiento capitalino. El Colegio de Administradores de Fincas tinerfeño estuvo representado por varios miembros de su Comisión Técnica.

En el encuentro se puso sobre la mesa la queja hecha pública por los administradores de fincas colegiados de la tasa por los contadores del agua de instalaciones contraincendios que supone a las comunidades tener que abonar cerca de 2.000 euros anuales. Este cobro desproporcionado, a juicio del CAF, es el que le llevó a reclamar durante el encuentro que se fije un precio “más razonable”,  así como que Emmasa retire las demandas de reclamación de impago que ha presentado contra algunas comunidades. 

El concejal Dámaso Arteaga alegó que el Ayuntamiento no podía reducir dicha tarifa unilateralmente sin compensar a la empresa suministradora del agua, que podría reclamar  las cantidades que dejara de percibir.

Secundando a los técnicos, Arteaga abogó por que las comunidades cambien los contadores por otros de menor calibre, y por tanto con inferior coste, o por retirarlos si no son necesarios, puesto que, según se indicó, sólo están obligados a contar con instalaciones contraincendios los edificios de más 10 plantas y/o con garaje para más de 6 vehículos. Este hecho reduce el problema, argumentaron, a determinados inmuebles, y en particular a los que no pueden optar por cambiar el actual contador de 50 milímetros por el de inferior calibre (13mm) porque exige disponer de un depósito de agua en el edificio.

No obstante, los administradores de fincas colegiados cuestionaron tener que hacer más inversiones para adaptar las instalaciones y que se sugiriera eliminar los contadores de los inmuebles que no estén obligados legalmente a contar con instalación contraincendios. “Porque siempre será mejor tenerla que no tenerla, pero a un precio razonable”, esgrimieron después de que los técnicos aseguraran que “en menos de un año se han cambiado el 10% de los contadores, y entre un 1 ó 2% se han dado de baja”.

El gerente de Emmasa reiteró la necesidad de cuantificar primero los edificios afectados, “para ver de cuánto dinero estamos hablando”, propuesta que suscribió Arteaga, en tanto que permitirá hacer “el cálculo del coste a la ciudad de modificar la  normativa”.

La tarifa de los contadores del agua que se utiliza en las zonas comunes de los inmuebles y las obras que requieren abrir zanjas (que hasta hace un par de años sólo podía realizar la empresa Dragados), serán otros asuntos que abordará la comisión, que servirá también para resolver la falta de comunicación que, como quedó patente en la reunión, ha existido hasta este momento entre las partes.

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